03 agosto 2005

ZP y papeles para todos

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Al mes de mayo, el número de extranjeros que cotizaban al Régimen General era de 948.885, el equivalente a siete de cada diez inmigrantes afiliados al conjunto del sistema.

A finales de mayo 2005 había 1.364.003 extranjeros inscritos en el sistema de la Seguridad Social y de esta cantidad, 88.979 altas al sistema fueron consecuencia directa del proceso de regularización. Si de los 1.364.003 inscritos únicamente cotizaban 948.885 resulta que hay 415.000 emigrantes que no cotizan a la Seguridad Social pero que disfrutan de sus beneficios, sin contar todavía los que lleguen por reagrupamiento familiar.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha calificado de éxito la cifra final de 690.679 peticiones de regularización de inmigrantes, pero si de ellos sólo han sido dados de alta en la Seguridad Social un total de 88.979 no se sabe dónde está el “éxito”.

A ellos habrá que añadir los que vengan para reagrupamiento familiar, mujeres, ancianos y niños, que pueden triplicar la cifra de extranjeros legalizados, que no tiene nada que ver con la cifra de extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social.

Así que la regularización en lugar de ser un éxito para garantizar la Seguridad Social lo que ha hecho ha sido echarle nuevas cargas a cambio de un paquete de cotizaciones mínimas proporcionados por 88.979 nuevos cotizantes que no cubren los gastos originados por esos 690.679 nuevos usuarios de los servicios médicos y ayudas sociales.

La base por la que cotizan los inmigrantes afiliados al Régimen General de la Seguridad Social son entre un 30% y un 35% inferiores a la media, situada en unos 1.300 euros al mes, según datos difundidos por el secretario de Estado, lo cual ya deducíamos teniendo en cuenta que su nivel laboral es ínfimo y por consiguiente también su salario y que además tampoco trabajan todo el año sino por días o temporada. Así que no hacía falta que viniera el secretario de Estado a confirmarnos que la inmigración que nos llega no cubrirá sus propios gastos y mucho menos resolverá el problema de las pensiones.

A pesar de las afirmaciones del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para justificar la irresponsable legalización de todo el que venga, quien aseguraba que la regularización de inmigrantes "garantiza el futuro de las pensiones", el Ministerio de Economía no ha tenido más remedio que desmentirle diciendo que “el sistema entrará en crisis en 2011 y alcanzará en 2015 un déficit del 9,7%.”

En el tema de seguridad ciudadana también habría que desmentir las manifestaciones verbales de los políticos socialistas ya que los datos dicen otra cosa y el mayor porcentaje de presos en las cárceles, así como la comisión de delitos graves, corresponde a inmigrantes. Y digo “presos” para no caer en el papanatismo de la directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que dijo aquello de que “un preso es un termino antisocial” y lo correcto es decir "personas acogidas".

Lo que nos faltaba, acogemos a cualquiera, incluyendo a 20.000 inmigrantes con antecedentes penales o causas pendientes, que si llegan a la cárcel serán “personas acogidas” y dentro de poco tiempo disfrutarán de un piso de protección oficial y una pensión no contributiva. En compensación por nuestra generosidad, saturarán y colapsarán los servicios médicos y sólo apuñalarán a nuestros jóvenes de vez en cuando. Entre los musulmanes, los mil fundamentalistas suicidas que se nos han colado y conviven de tapadillo entre nosotros sólo realizarán un atentado de tarde en tarde y, eso sí, únicamente cuando convenga a sus intereses islámicos.

Terminaremos por estarles agradecidos por seguir vivos y dejarnos compartir Al Andalus con ellos. Espero que para entonces los culpables de todo también sean “personas acogidas”.

Es de justicia.

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