ZP, ese hombre

El Gobierno recuerda a los funcionarios que incumplirán la ley si se niegan a casar a los homosexuales, pero el Gobierno debería tener presente que la incumplirán en la misma medida que los objetores de conciencia incumplieron la ley relativa al servicio militar obligatorio. Los mismos socialistas que antes apoyaban a los infractores de la ley, ahora niegan el derecho de objeción a quienes rechazan la ley del matrimonio homosexual.

Dice el artículo 16 de nuestra Constitución que «”Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin mas limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden publico protegido por la Ley.”»

Pero cuando se obliga a actuar en contra de nuestras convicciones, se están pisoteando dichas libertades garantizadas por la más alta normativa, superior en rango a cualquier otra. No se puede ir contra la Constitución.

Así, cuando Fernández de la Vega dice que incumplirán la ley los funcionarios que hagan uso de su libertad ideológica, está mintiendo y privándoles de sus derechos constitucionales y anteponiendo su ley a la Ley recogida en la Carta Magna.

La única excepción es la de los jueces, quienes han de jurar o prometer acatar y cumplir la Ley, así como hacerla cumplir, les guste o no, por lo que el Estatuto profesional del juez no contempla la cláusula de conciencia,

Para los católicos, Juan Pablo II, en la encíclica “Evangelium vitae”, entre otras cosas, afirmaba: «”El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Si no fuera así, se obligaría a la persona humana a realizar una acción intrínsecamente incompatible con su dignidad y, de este modo, su misma libertad, cuyo sentido y fin auténticos residen en su orientación a la verdad y al bien, quedaría radicalmente comprometida.”»

La libertad de conciencia no puede ser barrida y suplantada por las leyes que una minoría ha logrado imponer.

Supongamos que el islam llegara a implantarse en España –lo cual no es mucho suponer– y que del mismo modo que se nos ha impuesto el matrimonio homosexual, nos viésemos obligados a cumplir determinados preceptos coránicos.

¿Los funcionarios públicos estarían obligados a participar en los trámites para lapidar a una mujer?

¿Y su libertad ideológica, tan repetidamente garantizada? ¿Quien es el imbécil(*) que dice que un funcionario público no tiene el derecho a la objeción de conciencia?

No me lo digan. Lo he dicho antes.

(*) Imbécil: adj. Alelado, escaso de razón (Dicc. RAE)